CEGUERA JUDICIAL

noviembre 25, 2015 0 Por Pablo Diestro
Invertirás 3 minutos de lectura

Por: Arturo Rubio RUÍZ

Cuando vemos la representación de la diosa Themis, la dama de la justicia, enarbolando la balanza en una mano y la espada en la otra, asumimos que la venda en los ojos es para garantizar su imparcialidad. Al menos así pensaban los griegos, según los textos de Hesíodo, que la refieren 700 años antes de nuestra era, como la encarnación del orden divino, las leyes y las costumbres.
Del “dar a cada quien lo que en equidad le corresponde”, que es el concepto tradicional del impartir justicia, pasamos en el siglo XXI a los estándares modernos, que en materia penal, constitucionalmente se traducen en “proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, dentro de un marco de estricto respeto a los derechos fundamentales de la víctima y el imputado.” Suena muy bonito. El problema es aterrizarlo en la cotidianeidad, concretarlo en la realidad de nuestros tribunales y agencias del Ministerio Público.
En breve, iniciará el nuevo sistema de justicia penal en todo el Estado, y enfrentamos un grave problema en la asignación de los roles establecidos en la administración de justicia: contamos con jueces y auxiliares capacitados en el nuevo sistema, jóvenes en su mayoría, estudiosos y entusiastas, pero el cuello de botella se formará cuando las impugnaciones a las decisiones de nuestros jueces del nuevo sistema, sean resueltas por los magistrados, que resolverán apelaciones en un sistema que no conocen, que no manejan, que probablemente ni entienden. En 40 días arranca el sistema acusatorio en La Paz, y ninguno de los magistrados judiciales locales está certificado en el nuevo sistema. ¿Qué va a pasar? ¿No es inmoral?
A la fecha, de acuerdo a los listados que publica la SETEC, el órgano oficial encargado de capacitar, calificar y evaluar a los operadores del nuevo sistema de justicia penal, no contamos en Baja California Sur con ningún magistrado judicial certificado. Es entonces cuando la “justicia ciega” se convierte en “ceguera judicial”, en la incapacidad técnico-jurídica de resolver sobre controversias que se plantean en un sistema que no conocen y que por tanto, no son aptos para dilucidar adecuadamente los recursos que se les planteen dentro de los procesos penales.
Y lo más grave del caso es que a nadie parece importarle. Como si todo el esfuerzo, el enorme costo en recursos materiales y humanos que implica la reforma, no fuera importante o trascendente. Ni el ejecutivo ni el legislativo han querido atender esta incongruencia. Nuestros magistrados judiciales tuvieron 8 largos años para capacitarse y en lugar de ello postergaron tal responsabilidad y dilapidaron los recursos que para tal efecto les envió la federación.
Y es que la asignación al cargo de magistrado judicial se realiza atendiendo a los muy particulares intereses del gobernador en turno, con el aval de la simulación que en cada caso realiza el legislativo, sin reparar en el grado de capacitación o especialización del pretenso magistrado, ni se privilegia la carrera judicial.
Debe suprimirse el dedazo y optar por el concurso por oposición, la evaluación, la certificación, haciendo a un lado el compromiso político, el compadrazgo, el amiguismo, para poder erradicar la ceguera judicial de nuestro sistema estatal de justicia.
Evaluamos maestros, ¿por qué no evaluar magistrados? Toman decisiones que trascienden sobre vidas y patrimonios, sobre familias y empresas, sobre libertades y condenas privativas de libertad. ¿Qué puede darnos más tranquilidad que saber que nuestros magistrados están realmente calificados, capacitados, certificados?
El nuevo sistema de justicia penal impone un elevado nivel de exigencia a todos sus operadores, y los magistrados judiciales no pueden seguir al margen de tan alta responsabilidad. Y si no contamos con magistrados calificados, el sistema colapsará, por inoperancia en la resolución de recursos.
NUESTRA PROPUESTA:
1.- Que todos los magistrados judiciales se sometan a un examen de conocimientos generales obre las materias que engloba el ejercicio del derecho, ante el CENEVAL, y que se efectúe dicho examen con una periodicidad mínima de tres años, para garantizar que se encuentran actualizados.
2.- Que la Constitución del Estado establezca como requisito para ser magistrado judicial en el nuevo sistema de justicia penal, contar con certificación expedida por la SETEC, misma que habrá de renovarse periódicamente.