DIGITUS DEI

septiembre 14, 2015 0 Por Pablo Diestro
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Por: Arturo Rubio Ruiz
El primer acto parlamentario realizado por la actual legislatura, consistente en una reforma constitucional estatal mediante la cual renuncian a la potestad republicana de nombrar al Procurador de justicia, para cederla incondicionalmente al ejecutivo del Estado, implica un retroceso de 50 años en la democratización de los procesos de designación de los servidores públicos.
La voluntad del ejecutivo se convierte, por obra y gracia del legislativo en el dedo de Dios, el “digitus dei”; en el supremo decididor por encima de toda voluntad, de todo proceso republicano, de toda forma de participación ciudadana.Más grave aún resulta que en la misma reforma al marco constitucional, se faculta al gobernador a nombrar directamente al Contralor del Estado. Paquete completo. La procuración de justicia al servicio irrestricto del gobernador, con opacidad y secrecía garantizada, en virtud de contar con absoluta obediencia del Contralor estatal. 
Y poca validez tienen los escuálidos argumentos esgrimidos por nuestros legisladores locales, para tratar de justificar su servil acto de entrega y postración a los designios del gobernador en turno:
A) “Para evitar diferencias entre los legisladores al momento de elegir al procurador, mejor que lo nombre el Gobernador.” Pues si no quieren debatir, mejor que renuncien, porque la esencia del Congreso es la discusión, el debate, la argumentación y contra argumentación de las ideas, las propuestas. Si no quieren debatir, formen un club social, pero si son representantes populares, cumplan con su deber como tales y ejerzan con dignidad el encargo que les fuera otorgado en el proceso electoral.
B) “En otros Estados, el gobernador nombra al Procurador”. Si otros Estados no han avanzado en los procesos de democratización de la asignación del encargo, no por ello debemos renunciar a los avances que al menos en el texto legal habíamos alcanzado. Eso de que en otros Estados hay ese tipo de atraso, me recordó al infortunado comentario del ex gobernador Covarrubias, cuando a raíz del inicio de la oleada de violencia, lo único que atinó a decir fue que “En Ciudad Juárez están peor”.
Lo único cierto y vergonzoso es que el reformar la Constitución estatal para centrar el poder decisorio en el gobernador, es una renuncia expresa de la potestad republicana que el sistema democrático de pesas y contrapesas le asigna al Congreso, y se traduce en una sumisión y entrega servil del legislativo al ejecutivo. 
Que el gobernador nombre directamente al Procurador de justicia, facilita el uso político de la facultad persecutora del Ministerio Público, y amplía la brecha entre la participación ciudadana –vía representación popular- y la concentración del poder en manos del gobernador. Se regresa entonces al modelo estructural de la llamada dictadura perfecta, instrumentada por el priismo de mediados del siglo pasado, en el que todo el poder se concentra en un solo hombre, y la participación ciudadana se limita a llenar las plazas y aplaudir.
Este tipo de ejercicios es el que propicia que la vedad “legal” (la que emite la autoridad) se aleje en el afán del interés político, de la verdad histórica (lo que en realidad ocurrió) como en el reciente caso de los 43 desaparecidos, en los que la verdad “legal” culpó al narco para proteger a los políticos, (como si en México se pudiera separar el poder del narco del poder político) y la intervención de un organismo no gubernamental puso en descubierto la falsedad de la verdad “legal”.
Que el gobernador nombre al contralor, propicia casos como el de “Casa blanca”, donde el encargado de la investigación, fiel empleado de su patrón, lo exonera de toda responsabilidad, y en un galimatías de considerandos y resultandos, concluye que no hay ilegalidad en el caso de soborno más publicitado del presente siglo.
CONCLUSIÓN: Nos esperan doce años de un régimen con un gobernador concentrando en su mano todo el poder del Estado, que ejercerá su mandato de manera vertical, contando para ello con un Congreso sumiso y entregado, y un poder judicial incoloro, inocuo e inicuo, presupuestal y nominalmente estrangulado y maniatado por el gobernador. Doce años de dictadura “constitucionalizada” en virtud de la cerviz legislativa inclinada y columna empinada ante gobernador.
Corresponderá entonces a la ciudadanía organizada y comprometida, inclinar el fiel de la balanza hacia la democracia, con ejercicios de participación directa, constante, decisoria del gobernado, grupal y mayoritariamente aglutinado. Debemos constituirnos en vigilantes del quehacer oficial, como observadores proponedores, como contralores, y en su caso, como denunciantes.Si no participamos, el ejercicio desmedido del poder concentrado en pocas manos, disparará los índices de corrupción y abuso del poder.