EL SÍNDICO ESCURRIDIZO

agosto 17, 2015 0 Por Pablo Diestro
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Uno de los temas que más preocupa a los habitantes de la entidad, en particular de quienes radicamos en el sur del Estado, es la amenaza latente de que en la reserva de la biósfera de la Sierra de la Laguna -área protegida- y sus inmediaciones, se lleven a cabo a gran escala, en una superficie aproximada de 2,700 hectáreas, actividades de minería extractora de metales preciosos a tajo abierto, cuyo procedimiento es tóxico-lesivo por definición, pues utiliza cianuro, libera arsénico y metales pesados, que al filtrarse contaminan suelos y mantos acuíferos, envenenando la única fuente de agua para los municipios de Los Cabos y La Paz. 
Los residentes estábamos tranquilos, pues en dos ocasiones, la actual administración pública municipal se manifestó abiertamente y por unánime acuerdo edilicio, EN CONTRA de este tipo de minería; pero resulta que a finales del mes pasado (julio 2015) la empresa minera consiguió, mediante un procedimiento ilícito, que el secretario general del ayuntamiento, obviando trámites de ley, presentara un “dictamen de factibilidad”, elaborado por personal ajeno al ayuntamiento, y mediante engaños y presiones obtuvo con el mismo, la firma en el oficio de remisión por parte de la Directora de Desarrollo Urbano y Ecología. Afortunadamente para todos nosotros, el mismo personal del Ayuntamiento, ante la gravedad e ilicitud del evento, hizo lo anterior del conocimiento de la sociedad civil organizada, que acudió ante la funcionaria antes citada, y al cuestionarla sobre lo irregular del procedimiento, acusó al secretario general de ser el orquestador de la ilícita trama, y de inmediato canceló el oficio de remisión.
Por lo anterior, desde la sociedad civil organizada decidimos emprender la defensa jurídica de nuestra agua y nuestro entorno, pues al otorgar una licencia de uso de suelo para actividad minera tóxica, nuestra agua, nuestro ecosistema, nuestro destino sufriría daños irreversibles, y tan inadmisible es el otorgamiento de tal permiso, que el orquestador, en este caso el secretario general, recurrió a ilicitudes en el procedimiento para llegar a la remisión del apócrifo dictamen de factibilidad, que de haberse presentado a sesión de cabildo, hoy tendría a la empresa minera envenenando nuestra agua, nuestro suelo.
Para prevenir nuevas ilicitudes, en el ejercicio de la soberanía popular que nos consagra el 39 Constitucional, más de doce mil mexicanos por nacimiento residentes en el municipio, emitimos un mandato específico a nuestros regidores, ordenándoles precisamente que negaran cualquier permiso de uso de suelo para minería extractora de metales preciosos a tajo abierto, y previo a ello, les pedimos fijaran su postura sobre el tema. Algunos regidores han contestado, expresando su postura en contra de la minería en cita, otros han guardado escamado silencio, pero la respuesta del síndico municipal nos llena de indignación y despierta muchas sospechas, sobre su calidad moral e integridad.
Hasta en dos ocasiones, por escrito y en documentos públicos, el síndico se manifestó en contra de la minería tóxica, lo que convirtió su opinión en “hecho público”, pero ahora nos con que “NO NOS PUEDE CONTESTAR”, que su respuesta es “INFORMACIÓN RESERVADA”. El escurridizo personaje supone que la seguridad nacional está en peligro o que se dañará la estructura del servicio de administración pública si nos contesta. Invoca la fracción XIII del artículo 13 de la estatal de transparencia, para tratar de fundar su ridícula negativa.
Le urge a este mal servidor público una asesoría jurídica, en materia constitucional, administrativa, de derechos humanos y sobre todo, ética en el servicio público. Si ya en dos ocasiones manifestó su postura en contra de la minería, ¿por qué ahora dice que su postura es “información reservada”, cuando hablamos del mismo tema? ¿Qué oscuro interés le lleva a tratar de esconderse en un infundado argumento para ocultar su postura? Su ridículo alegato me recordó a Paco Stanley, cuando se escondía atrás de un micrófono. La diferencia es que el difunto conductor de televisión lo hacía con gracia. Lo del síndico es grotesco.
La fracción que invoca implica la hipótesis de una solicitud en trámite, y la información se reserva entonces, respecto de OTROS solicitantes, para evitar que entre ellos se marque un espacio de ventaja en la búsqueda de un mismo resolutivo. NO es el caso. No es otra minera la que pregunta, es la sociedad masivamente representada por más de doce mil solicitantes.
El interés público es claro, y la jurisprudencia de la corte en materia de acceso a la información lo ha establecido prístinamente: no hay reserva cuando el interés público así lo reclama, y créanme que doce mil firmantes dejamos claro el interés público. Además dicha fracción invocada por el síndico, suponiendo sin conceder, solo operaría si hubiera una solicitud en trámite, pero oficialmente el ayuntamiento ha informado que al 14 de agosto del año en curso, NO HAY NINGUNA SOLICITUD LEGALMENTE PRESENTADA de cambio de uso de suelo por la minera, así que, mi escurridizo servidor público, deje de jugarle al ensarapado y conteste. 
Eso de tratar de escudarse en la “reserva de información”, que en el caso no existe, pero que el de marras invoca, se me figura como el paciente que le dice al enfermero que no le vaya a inyectar penicilina, porque es alérgico a la misma, y el cínico enfermero, le contesta que no le puede decir qué le va a inyectar, porque es “información reservada”, mientras llena de penicilina la jeringa.
Al escurridizo personaje le recomendamos que rectifique, que no se esconda en bagatelas argumentativas infundadas. Conteste con valor civil, que le responda a la sociedad civil. Que deje de fingir demencia y conteste con precisión y honestidad, que para eso le pagamos.
Independientemente de su postura personal, el mandato ciudadano es claro, la orden soberana es NO a la minería en cita. Si incurre en desacato, será reo de juicio político y denuncia penal, pues la soberanía, poder supremo en el Estado, radica en el pueblo, y el pueblo ya ejerció el mandato, y lo hizo como marcan los cánones establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de observancia obligatoria para México: Hemos emitido nuestro mandato específico por escrito, un número más que representativo de mexicanos por nacimiento residentes en el municipio; lo hemos hecho de manera pacífica y respetuosa, en un libelo debidamente fundado y motivado. 
En una controversia donde se enfrenta el particular interés económico de una empresa minera, contra el interés legítimo de la gran mayoría de los integrantes de nuestra comunidad, no hay mucho que elegir. Preservar el agua, el entorno sano y el bienestar de los habitantes del sur del estado, es cuestión de orden público, y de observancia obligatoria el mandato soberano que así lo exige.