Emite BCS Coherente “observaciones” a la propuesta de ley de hacienda de La Paz

Emite BCS Coherente “observaciones” a la propuesta de ley de hacienda de La Paz

noviembre 15, 2018 0 Por Redacción
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La Paz, BCS.- El compromiso de BCS Coherente con nuestro electorado y militantes se resume en tres afirmaciones que sustentan todo nuestro actuar, pues la coherencia que llevamos en el nombre se debe de concretar con actos que den vida a nuestros principios básicos. Esos tres principios básicos son: respeto irrestricto a la vida humana, respeto irrestricto a las libertades individuales y respeto irrestricto a la propiedad privada de los individuos. Nosotros sabemos que los gobiernos exitosos basan sus leyes y políticas públicas en éstos tres principios fundamentales, ya que toda sociedad, todo colectivo, se conforma de individuos, y como nos dijo Ayn Rand “La minoría más pequeña del mundo es el individuo”; por lo tanto, si pretendemos aprobar una Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, debemos partir del respeto irrestricto a la propiedad privada de los individuos y procurar no violentar más su bolsillo, siendo conscientes de que el origen del “dinero público” es el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos, pues esa propiedad privada nace del trabajo físico e intelectual del individuo y de las interacciones con cientos o miles de otras personas gracias al comercio, algo que nunca habrá mente capaz de regular.

Sumado a esos tres principios fundamentales de nuestra ideología partidista, sabemos que para implementarlos es fundamental contar con un gobierno compacto, enfocado en su tarea primordial que es dar seguridad a las personas. No negamos la obligación de contar con un Estado, por lo tanto del cobro de aportaciones o impuestos, pero ser un gobierno de Estado sano implica transparencia, buen manejo de los recursos, libertad de comercio y emprendimiento, administración eficiente y sobre todo resultados palpables por la ciudadanía. Antes de empezar a obligar a la ciudadanía para que aporten más recursos a las arcas municipales, el gobierno debe enfocarse en dar resultados tangibles a la población con el poco o mucho recurso con el que se cuenta; les aseguramos que así conseguirán aumentar las recaudaciones municipales pues los contribuyentes tendrán la certeza del uso de sus impuestos. Nadie tiene el derecho y es inmoral arrebatarle al ciudadano un peso de su dinero.

Entrando en materia del análisis de la Propuesta de Ley, dejando claro la base ideológica de la cual partirán las sugerencias que se harán, iniciamos mencionando que es irresponsable el no haber presentado un cuadro comparativo entre la Ley anterior y la que se pretende aprobar. Debemos contar con todos los elementos para hacer un análisis preciso de la propuesta ley debido a que hablamos de involucrarnos en las finanzas de los paceños y las paceñas, en su propiedad privada, y no podemos hacerlo desde la ignorancia o el desconocimiento. En todo caso, si están considerando que es una nueva ley, deben de explicar punto por punto, rubro por rubro y no remitir al análisis de la ley anterior que será abrogada, pues deben de dar los motivos por los cuales decidieron dejar esos rubros y no modificarlos.

El compromiso de BCS Coherente con nuestro electorado y militantes se resume en tres afirmaciones que sustentan todo nuestro actuar, pues la coherencia que llevamos en el nombre se debe de concretar con actos que den vida a nuestros principios básicos. Esos tres principios básicos son: respeto irrestricto a la vida humana, respeto irrestricto a las libertades individuales y respeto irrestricto a la propiedad privada de los individuos. Nosotros sabemos que los gobiernos exitosos basan sus leyes y políticas públicas en éstos tres principios fundamentales, ya que toda sociedad, todo colectivo, se conforma de individuos, y como nos dijo Ayn Rand “La minoría más pequeña del mundo es el individuo”; por lo tanto, si pretendemos aprobar una Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, debemos partir del respeto irrestricto a la propiedad privada de los individuos y procurar no violentar más su bolsillo, siendo conscientes de que el origen del “dinero público” es el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos, pues esa propiedad privada nace del trabajo físico e intelectual del individuo y de las interacciones con cientos o miles de otras personas gracias al comercio, algo que nunca habrá mente capaz de regular.

En la Ley, posterior a un desglose minucioso, encontramos diversas modificaciones que nos alarman, pues pretenden exprimir más pesos a los ciudadanos, ya sea desde sus comercios o, aún más preocupante, en sus mismas casas. También hay aumento en diversas tarifas y se pretenden generar convenios no para eficientizar la administración pública o brindar mejores servicios a la población, sino para generar más motivos de cobro a los ciudadanos. A continuación, enlistaremos de forma concreta los datos que encontramos son los más álgidos y que debemos poner a consideración de la ciudadanía y que deberían mantener su estado actual sin ser aumentados o modificados

  1. En el artículo 38 de la propuesta de ley se incluye cobro a las casas de interés social y a los terrenos a través de títulos de propiedad expedidos por el Registro Agrario Nacional, por el Instituto de la Vivienda del Gobierno del Estado de Baja California Sur y por el Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. Esos terrenos deben de continuar sin ser gravados, pues en la mayoría de las ocasiones los propietarios son personas que no podrán costear los pagos.
  2. La Sección III “Impuesto Sobre Urbanización” pretende cobrar impuestos a las personas que posean solares baldíos, lo cual lastima la propiedad privada de las personas. Al gobierno no le interesa por que los terrenos están baldíos ni como dispondrán de ellos sus propietarios o en qué momento, pues es su propiedad, no del gobierno ni de los gobernantes. Entendemos que pretenden dar uso a los terrenos, pero es función del gobierno municipal gravarlos para obligarlos a “poner a trabajar” su propiedad, es más, si pretenden que se utilicen los terrenos baldíos, debemos REDUCIR o ANULAR los impuestos que se cobrarían al ciudadano que iniciará una construcción o lo venderá o rentará; de esa forma se logrará que los solares baldíos se vuelvan productivos, no con más impuestos.
  3. En el Capítulo III, Sección I “Impuestos sobre Juegos Permitidos, Rifas y Loterías”, se maneja un monto del 15%, cuando en la ley anterior se contemplaba del 10 al 15%. Una rifa o lotería debe de ser un acuerdo libre y voluntario entre dos individuos, donde no debe de existir el tercero interesado, pues el tercero interesado en mención siempre resulta ser el gobierno y, como nos lo explica Thomas Sowell, el tercero interesado siempre encarece las transacciones libres y voluntarias al pedir su parte sin realizar acción alguna para concretarla. Tengamos en mente que muchas rifas y loterías se pueden realizar por motivos de beneficencia o caridad, las cuales deberían quedar libres de cualquier impuesto por su motivo, mientras sea totalmente comprobable. La decisión de fijar una aportación del 15% nos parece falta de sensibilidad y criterio, debería fijarse hacia el porcentaje más bajo.
  4. El artículo 70 de la Propuesta de Ley, debe de ser explicado y desglosado a detalle en la exposición de motivos, ante el H. cabildo, ante la ciudadanía y en el cuerpo de la misma ley, pues su redacción resulta confusa y no es claro cuando se cobrará ese “Impuesto Adicional”.
  5. El Título Cuarto, Derechos, Capítulo I Disposiciones Generales, artículo 80, genera especial preocupación, pues quiere incluir en los “Derechos” a las empresas que brindan servicios de telefonía, alumbrado o cualquiera que para su funcionamiento deba realizar o ya cuente con infraestructura. El problema radica en que, en caso de que las empresas en comento decidan pagar los Derechos sin aspavientos, quien absorberá el gasto final será el ciudadano que paga esos servicios. ¿de dónde pretenden que salga el dinero, si no es del consumidor final? De nuevo: los impuestos detendrán el desarrollo y los deseos de invertir en el municipio, disminuirlos y facilitar trámites mejorarán a la ciudad al incrementar la conectividad y las comunicaciones.
  6. El Artículo 98 muestra un claro incremento en el costo de los servicios funerarios. Si bien el incremento se puede dar debido a los aumentos de los precios de los materiales utilizados para realizar los servicios mencionados, en la Exposición de Motivos de la Propuesta de Ley se debería hacer el análisis de los costos cuando la antigua ley (o la ley que se reformará, dependiendo de la conveniencia) los determinó y la situación actual, así dará certeza a la ciudadanía del porqué de esos incrementos. También se deben revisar los convenios vigentes con funerarias, pues podrían existir vicios que deberían ser saneados antes de subir los costos al ciudadano.
  7. Artículo 105, incremento al rubro “Por uso de frigorífico por canal, diario”, se debería mantener el costo anterior.
  8. En el artículo 114, de la Sección X “De Aseo, Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Basura” existe un aumento evidente entre el costo del servicio de disposición de basura comercial de la Ley anterior con la Propuesta de Ley. Por ejemplo, los giros misceláneas que generan poco volumen, el costo varía entre 1 a 4 veces el valor diario de la Unidad de Medida, en la propuesta el indicados va de 3 a 8 Unidades de Medida. Se deben de mantener los costos anteriores y buscar estrategias para que la iniciativa privada participe activamente en la recolección y disposición de basura.
  9. En el Título Cuarto, Capítulo II, Secciones XVI, XVII, XVIII, XIX, se incluyen tarifas por la prestación de servicios de Protección Civil, Bomberos, Contraloría y Alumbrado Público, los cuales no se contemplan en la ley anterior. En estos nuevos servicios se establece un catálogo de costos que impactarán a la economía de las personas, al ser cargas impositivas nuevas que antes no se habían considerado para su cobro y el gobierno las brindaba con cargo a los impuestos que ya pagamos. Especial atención debemos dedicar al rubro de Protección Civil, específicamente el artículo 149 donde se incluye la inspección de casa habitación, ya sea su construcción o ampliación, la revisión de equipos contra incendio en casa habitación y otros más, Derechos que también se contemplan en los Servicios de Bomberos en la Sección XVII. No deben gravar por el mismo concepto dos veces a nosotros, la ciudadanía, ya sean empresarios, transnacionales, microempresarios, emprendedores o familias, es más, casa habitación de cualquier tamaño debería quedar fuera del cobro de Protección Civil o Bomberos, pues implica irrumpir en la privacidad de las familias para hacer inspecciones arbitrarias. También no deben seguir imponiendo cargas impositivas, aunque sean por el concepto de seguridad, a comercio pequeño y puestos semifijos, pues implica gastos para el micro y pequeño empresario, quienes son la base de la economía.
  10. Un apartado especial merece el cobro de Derechos que se pretende por el Alumbrado Público por medio de un convenio con CFE a las casas habitación de $44 pesos y a los comercios. El servicio de energía eléctrica aumentó su costo en los últimos meses, no podemos encarecer el servicio de la luz sin antes rediseñar las luminarias y contar con luces LED, deben demostrar primero que saben administrar lo poco que tienen antes de pedirle más aportaciones a los contribuyentes. Es inmoral que los gobernantes dispongan del dinero de los ciudadanos como si fuera suyo, ya sea un peso, ese peso fue fruto del esfuerzo del individuo y los gobernantes no tienen ningún derecho sobre él. El convenio que se pretende realizar y el cobro no deben realizarse.
  11. También se incluye el cobro a la prestación de servicios de transporte privado por medio de plataformas digitales, aproximadamente $1,200 pesos al mes. Las plataformas digitales brindan empleo a sudcalifornianos que buscan mejorar sus condiciones de vida, si bien una empresa les brinda la plataforma, la mayor parte del ingreso se queda con los conductores. Insistimos, antes de cobrar más impuestos, aprovechamientos, derechos o servicios a los prestadores de servicios, demuestren que administran bien los recursos y reduzcan los baches que hay en la ciudad, pues esos $1,200 pesos que pretende cobrar el gobierno municipal, bien pueden ser usados para reparar un vehículo que cayó en uno de los múltiples baches de la ciudad. De la misma forma la situación de los “autos chocolate” amparados, debe de ser revisada a profundidad por el jurídico municipal, que implicaciones legales traería al municipio el reconocer el tránsito de vehículos amparados.
  12. Nos queda claro que el Reglamento de Tránsito contempla rubros que no se han considerado en la Ley de Hacienda vigente. Para no generar conflictos, se debe explicar por qué y para que se agregan 32 conceptos nuevos a las multas no solamente de Tránsito, sino de otros reglamentos y dejar muy claro de donde provienen.
  13. Si bien no es motivo de la presente propuesta de ley, se deja abierta la posibilidad para la colocación de parquímetros en la ciudad de La Paz. Esa decisión no puede ser tomada de forma unilateral, están obligados a consultar a los comerciantes del Centro de La Paz y a la ciudadanía porque en vez de esa decisión sana para las finanzas municipales, podría ser el último clavo para el ataúd del muerto en el que se está convirtiendo nuestro Centro. Nosotros estamos en contra de la colocación de parquímetros, busquemos nuevas opciones de movilidad y espacios que puedan funcionar como estacionamientos para los trabajadores del Centro.

En conclusión nuestras leyes deben de nacer de principios éticos concretos, respetando la propiedad privada de los individuos y sus libertades individuales para construir colectivos sanos. No podemos disponer de la propiedad ni de los recursos económicos de la ciudadanía, pues no son del gobierno, son de las personas. Ese principio básico nos llevará a generar confianza y respeto entre gobierno y contribuyente, siendo este último quien responda aportando al ver que sus impuestos son bien administrados y se reflejan en mejores condiciones de vida para la ciudad. No es pretexto que en otros estados del país cobran más derechos o impuestos para que se haga en La Paz, nosotros debemos observar a otros municipios para buscar como innovar y mejorar la administración pública y no para sacar ideas de como cobrarles más impuestos, sean una administración positiva, cercana al sentir ciudadano, no una impositiva que exprime violentamente recursos a sus gobernados.