INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

diciembre 7, 2015 0 Por Arturo Rubio Ruiz
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Por Arturo Rubio RUÍZ
 
 
El municipio paceño estrena Director de Seguridad Pública. Un contraalmirante con un palmarés impresionante. De pocas palabras, ideas claras y objetivos bien trazados. No hemos tenido un director en esa área con mejor hoja curricular. Es un acierto su designación, sobre todo, por la especialidad en que versa su mejor propuesta: Inteligencia. Llevamos 20 años insistiendo en que el presupuesto en la estrategia de seguridad pública es la inteligencia. El nuevo director conoce la geografía criminal del municipio, y cuenta con la información previa necesaria para marcar la diferencia en el ejercicio de la prevención y la respuesta inicial ante la incidencia delictiva.
 
No faltan las descalificaciones al nombramiento, cuando recae sobre un elemento de las fuerzas armadas, pero en el caso, conociendo el programa de acción del nuevo director, su propuesta no se finca en militarizar la seguridad pública; Por el contrario, habla de potencializar al máximo el desempeño de la fuerza policial existente, apostándole a la capacitación y disciplina del personal a su mando.
 
El punto álgido en el programa de seguridad pública municipal tiene dos vertientes: el de la
participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Habrá que aplicarse sistemáticamente en el fomento y capitalización de la participación ciudadana, en los tres campos en que hasta ahora poco o nada se ha hecho: la prevención, la educación cívico-vial y el combate frontal a la corrupción.
 
En tratándose de derechos humanos, hay mucho que hacer y poco tiempo para ello. Coincide la designación del nuevo director de seguridad pública, con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en el municipio. Los agentes de la policía municipal son por regla general, los primeros respondientes a los eventos delictivos, y en el nuevo sistema su participación y ejercicio de autoridad deben ser impecables. Como actores relevantes del inicio de la acción contra la criminalidad, los agentes de la policía municipal habrán de ser extremadamente cuidadosos en su desempeño, pues una detención exitosa, en flagrancia y con todos los elementos de evidencia probatoria en caso de un delito, puede ser desestimada por el juez de control, si durante la detención se violan los derechos humanos del detenido, o se omite leerle sus derechos.
 
Enhorabuena pues, por la designación, y por la visión y propuesta del nuevo director de
seguridad pública en La Paz.
 
Insistiendo en el tema de los derechos humanos, deberemos estar muy atentos, cuando vemos que el modelo a seguir, acorde a las gestiones del gobernador del Estado ante las autoridades norteamericanas, es el que imponen los norteamericanos en los países a los que apoyan con recursos materiales y capacitación. A título personal no me gusta el modelo policial americano, donde el uso de la fuerza es excesivo, y sobre todo, se incurre frecuentemente en el abuso y el atropello, sobre todo en tratándose de personas pertenecientes a grupos marginales. Las redes sociales dan cuenta de muchas acciones en las que los agentes del orden norteamericano abusan en su ejercicio, y sistemáticamente son exonerados por los tribunales, a pesar de la enorme carga probatoria que en muchos casos se significa en los videos que de los eventos se presentan.
 
Es peligroso y hasta grave, que el apoyo norteamericano que se gestiona por el gobernador, se traduzca en capacitadores que impongan modelos de reacción en los que la violencia sea privilegiada, máxime cuando en nuestro estado, ningún municipio cuenta con una legislación, reglamento o protocolo que regule el uso de la fuerza en el ejercicio policiaco.
 
En materia de policía preventiva, prefiero el modelo uruguayo, o el chileno, pero la falta de
recursos y la cercanía del gobernador con las autoridades norteamericanas hará que se imponga en el Estado, el modelo policial norteamericano, con los bemoles que ya hemos planteado.
 
Y el modelo ya acusa graves violaciones a los derechos humanos, propias de estados fascistas o regímenes totalitarios, cuando en el municipio comundeño, anuncian con fanfarrias que para reducir la incidencia delictiva, se está expulsando del estado a personas que delinquen. Es muy grave que la autoridad se conduzca de ese modo. Los criminales deben ser castigados previo juicio en el que se sigan las formalidades de ley, no expulsarlos del Estado, y entendiendo que la expulsión es un castigo, su imposición queda a criterio y capricho del jefe policiaco en turno.
 
Grave, muy grave. La seguridad pública debe sujetarse en todo momento al irrestricto respeto de los derechos humanos, si queremos forjar una entidad donde se privilegie la legalidad al abuso en el ejercicio de la actividad policial.