SOBERANÍA POPULAR Y MANDATO CIUDADANO ESPECÍFICO

agosto 9, 2015 0 Por Pablo Diestro

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Por : Arturo Rubio Ruíz
La soberanía es el poder supremo sobre el territorio y población en un Estado legalmente constituido, y es un elemento esencial en el marco de derecho, para el debido funcionamiento de todo grupo humano democráticamente organizado.
La soberanía entonces, es el atributo del Estado, que le da autodeterminación e independencia respecto de otros Estados, en un plano de igualdad, y como potestad política y regulatoria, “reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.”(Art 39 Constitucional).

El pueblo ejerce el poder soberano, a través del mandato, cuando plasma su voluntad sufragando en las urnas y elige a sus representantes y en ellos delega el ejercicio del poder público. A este ejercicio democrático de la soberanía popular se le conoce como mandato genérico, y es el poder soberano que en nuestro país detentan en la vía del secuestro político e institucional, los partidos políticos, que han convertido nuestra democracia en una partidocracia, en la que diputados y senadores votan en función de los intereses del partido al que pertenecen, no en estricta representación de los habitantes del sector distrital cuyo voto los llevó al poder. Titánica tarea es la que representa la lucha ciudadana por rescatar a nuestra Nación de la partidocracia.

Pero el voto no es el único mandato emanado de la soberanía que podemos ejercer. También existe el mandato específico, mediante el cual, cada mexicano puede ordenar al servidor público que realice una encomienda específica. El requisito formal para ello, es que el mandato específico se ejerza por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y como es un mandato soberano, la carga de autoridad se revierte, es decir, es el ciudadano el que ejerce la autoridad y el servidor público el que se somete a su cumplimiento, entonces el requisito material indispensable es que dicho acto de autoridad se emita de manera fundada y motivada. Esto es, si bien el titular original de la soberanía es el pueblo, por un principio de orden, legalidad y estricto derecho, no puede ejercer su soberanía de manera caprichosa, pues resultaría caótico y contrario a los fines del Estado. Así entonces, todo mandato ciudadano específico, debe estar fundado y motivado, para que sea legítimo y exigible su cumplimiento.

Que no estemos acostumbrados a ejercer el mandato específico, obedece principalmente al desconocimiento que tiene el ciudadano medio de esta potestad, y a la renuencia de los servidores públicos a realizar con atingencia la labor encomendada.

Lo arriba expuesto es muy importante conocerlo, difundirlo sobre todo, ejercerlo, para darle un sentido funcional a nuestra democracia, ya que este mandato es el único que la partidocracia no ha podido ni podrá restringirnos.

En el caso concreto del Municipio de La Paz, los mexicanos nativos y residentes del municipio hemos ejercido este derecho, y concretamente hemos ordenado a nuestro ayuntamiento que voten en contra de la solitud de cambio de uso de suelo que pretende obtener la minera Los Cardones, para destrozar una área protegida, devastar la zona, contaminar nuestro suelo, envenenar nuestra agua y destruir el destino natural de la zona, con el único fin de extraer nuestro oro y llevárselo a su país de origen, donde desde luego, les tienen estrictamente prohibido hacer, lo que quieren venir a hacer aquí.
Sumamos ya más de diez mil mexicanos mayores de edad, mas los que se acumulen esta semana, los que ejerciendo este derecho, hemos ordenado a nuestros regidores, por escrito de manera pacífica, respetuosa, que digan NO a esa solicitud, y hemos fundado debidamente el petitorio, y sustenta la motivación del mismo, la cauda de información técnico científica aportada por diferentes instituciones, colegios y asociaciones de profesionales en las ramas de la ciencia moderna, cuya conclusión es uniforme y coincidente: la minería de extracción de metales preciosos a tajo abierto, es contaminante, sus daños irreversibles e irreparables, y solo beneficia a los dueños de la mina.
Un par de ígnaros regidores corruptos, ya han sido “convencido$” para votar a favor del proyecto minero, y tratan a toda costa de convencer a los demás para que hagan lo mismo, ignorando el mandato ciudadano. Peligrosa democracia mexicana que permite que una mayoría entre 13 regidores pueda acabar de un plumazo con las expectativas de vida de todos los habitantes de le entidad. Pero no lo permitiremos.

Este par de pillastres dicen que nuestro mandato “no vale, porque no viene acompañado de la credencial del IFE”, para empezar, el IFE ya no existe, ahora tenemos INE, y esa credencial sirve para ejercer el mandato genérico al votar, no para el mandato específico, pues la constitución otorga esa prerrogativa a TODOS los mexicanos, no nada más a los ciudadanos.

Dicen también que no son nuestros servidores, y que si somos sus mandantes, entonces “¿por qué no pagamos el recibo de la luz?” (Por falta de pago, desde hace un mes, el edificio edilicio carece de servicio de suministro de energía eléctrica. Adeudan 43 millones de pesos). Les recuerdo a ese par de petimetres que nuestros impuestos se destinan al pago de todos los servicios de administración pública, incluyendo el consumo de energía eléctrica que para ello sea requerido, y que si no está pagado el recibo de la luz, es porque ellos han sido pésimos administradores y han derrochado nuestros recursos públicos.

Otro argumento peregrino es el que “ya no se puede hacer nada porque la federación ya lo ordenó”. Falso, falso como la sonrisa con que nos recibieron el jueves en sesión de cabildo. El Municipio es autónomo, y la MIA (manifestación de impacto ambiental) otorgada por Semarnat, no ha sido resuelta en definitiva, pues se encuentra en su contra interpuesto un recurso de revisión, y a ese recurso le sigue un juicio administrativo y posteriormente un amparo, lo que significa que no es una resolución definitiva, y hasta que no queden recursos pendientes, la seguiremos combatiendo, y en el peor de los casos, aun quedando firme la MIA, la misma NO obliga en modo alguno al ayuntamiento, que tiene en todo momento, plena autoridad para negar la operación de la mina, a través de la negación del cambio de uso de suelo. Tal vez nuestros regidores deberían leer el último párrafo de la MIA obsequiada por Semarnat a la minera: “la autorización que expida la secretaría no obligará en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias” (Art 33 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente).

También conocimos la expresión de otro personaje que cobra como regidor y que dijo que el daño que la minera pudiera ocasionar “le vale madres”, que porque “se va a ir a vivir a los Estados Unidos”. A ese macroscélido y cínico personaje le recordamos que México tiene tratado de extradición con la Unión Americana.

El mandato específico es la herramienta con que podemos y debemos imponer a nuestros servidores, los servidores públicos, la obligación de atender al bien común y negar rotundamente el cambio de uso de suelo que requiere la minera para envenenar nuestra agua y nuestro entorno.